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dc.contributor.advisorCaballero Salinas, José María
dc.contributor.advisorGiner Alegría, Cesar Augusto
dc.contributor.authorFuentes García-Lax, Nuria
dc.date.accessioned2019-11-11T12:49:59Z
dc.date.available2019-11-11T12:49:59Z
dc.date.created2019
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10952/4176
dc.description.abstractLa delincuencia, entendida en su acepción genérica, representa un mal social ante el que el Estado responde con el instrumento más gravoso de entre los que dispone: el Derecho Penal. Ante ella despliega las consecuencias jurídicas que mayor nivel de afectación suponen para los derechos del delincuente, incluida su reclusión física temporal. Esta respuesta punitiva posee una doble vertiente: de un lado la de prevención general negativa1, utilizando la intimidación jurídica como herramienta para evitar las conductas consideradas delictivas; de otro, la de prevención especial, dirigida hacia el castigo de aquéllos que traspasan los límites legalmente establecidos2. En el primer caso se pretende un efecto disuasorio, en el segundo prima la perspectiva retributiva y ejemplarizante por el mal causado. No obstante, las respuestas sancionadoras experimentan variaciones atendiendo a cuestiones de interés mediático-social, siendo sistemático el recurso a políticas de “ley y orden” cuando trascienden noticias con alto grado de repulsa (crímenes sin resolver, oleadas delictivas en zonas concretas, asaltos en viviendas habitadas…). En este sentido, puede parecer que un incremento o agravación de las sanciones penales generaría mayor temor y contribuiría a reducir la criminalidad. Lo cierto es que esa relación causa-efecto no existe, pues ni se reducen las tasas ni se garantiza mayor seguridad para las personas3. No obstante, la realidad político-criminal avanza en ese sentido, especialmente ante situaciones excepcionales por su intensidad (terrorismo, crimen organizado), siéndolo también por su escasa incidencia directa en la ciudadanía. Por tanto, el Estado recurre al miedo como estrategia de lucha, siendo este término altamente subjetivo, dada la implicación directa de procesos cognitivos basados en multitud de variables. Hasta aquí se ha tratado el miedo institucional dirigido hacia el control de eventuales o efectivos delincuentes, pero ¿cómo afecta ese miedo a las víctimas de la delincuencia, tanto a las potenciales como a las reales? La cuestión que pretendo abordar en esta investigación está dirigida hacia estas últimas, realizando un recorrido por el marco teórico sobre el concepto de miedo al delito, sus niveles e incidencia, variables más destacadas que intervienen, posibilidades de actuación para controlarlo o minimizarlo, así como las bases neurocientíficas que lo regulan.es
dc.language.isoeses
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectDerecho Penales
dc.titleEl miedo al delito: Análisis teórico y empírico en el municipio de Murciaes
dc.typedoctoralThesises
dc.rights.accessRightsopenAccesses
dc.description.disciplineDerechoes


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