Accesibilidad al proceso y menores de edad: desde la figura del facilitador hasta las resoluciones “de lectura fácil”

Abstract

El artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño dispone que, si el Estado somete al menor a un procedimiento, debe garantizar su efectiva participación en el mismo. Ello supone la necesidad de que los procesos en los que intervengan menores sean transparentes, de modo que se garantice que el niño o adolescente entiende su objeto y naturaleza, así como los derechos que le asisten. A tales efectos, el lenguaje jurídico empleado en el proceso debe adaptarse, para asegurar al menor interviniente la comprensión del mismo. Por eso, los operadores jurídicos deberían usar un lenguaje cercano y comprensible, asequible para cualquier menor de edad, con independencia de su madurez cognitiva, asegurándose de que éste comprende el alcance de sus derechos y obligaciones, así como los efectos o consecuencias del propio proceso y de sus actuaciones durante el mismo. Este ajuste, no solo posible, sino también necesario en el proceso, consistente en adaptar el lenguaje empleado si en el mismo interviene un menor es, en principio, una medida que no resulta gravosa en exceso, ni complicada de adoptar, bastando con que los restantes intervinientes, en especial, el tribunal, tomen conciencia de ese derecho a comprender que corresponde a todo justiciable, con independencia de su condición.