El régimen disciplinario de la Policía Nacional según la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo.

Abstract

A lo largo de este trabajo, se realiza un estudio pormenorizado de la normativa disciplinaria de la Policía Nacional. La Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, de régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía es una disposición ambiciosa, quizá en demasía: su ámbito de aplicación no se limita a la Policía Nacional, sino que se extiende también a la mayoría de las Policías Locales en territorio nacional. Pese a que este precepto resulta de aplicación, por tanto, a decenas de miles de policías, no ha despertado la curiosidad de la comunidad académica, de manera que no existe ningún estudio doctrinal en este ámbito. Teniendo en cuenta las particularidades de este colectivo (unas funciones muy específicas, a la par que su naturaleza civil), se ha considerado de interés realizar un análisis detallado de la materia, tanto en su aspecto procedimental como en el análisis de las diferentes infracciones y sanciones. Partiendo de ese punto de vista, ha sido necesario, en primer lugar, acotar el ámbito del estudio a la Policía Nacional, ya que cada cuerpo policial presenta características propias (funciones, estructura, organización…), y el intento de análisis simultáneo y comparado de varias corporaciones, pese a ser ilustrativo, hubiese producido un resultado de una extensión inabarcable. Por este motivo, se ha efectuado un breve análisis histórico de la evolución de las distintas corporaciones que han terminado integrando el Cuerpo Nacional de Policía, a fin de comprender su idiosincrasia y cómo ha sido capaz de asumir, en un breve periodo de tiempo, la transformación que implica la unificación de dos cuerpos policiales de innegable peso histórico, a la par que un cambio de régimen político. A continuación, y debido a la falta de estudios previos en la materia, ha sido necesario realizar un análisis exhaustivo de todos los principios y técnicas administrativas que afectan a este sector del derecho, además de examinar en detalle una serie de trámites que, si bien no pueden considerarse únicos, aparecen de forma incidental en nuestro ordenamiento. Con este fin, se ha realizado una detallada investigación bibliográfica y doctrinal en el ámbito no sólo del derecho disciplinario, sino del administrativo sancionador en general. Por último, se ha efectuado al fin un análisis detallado de la normativa disciplinaria en sí misma, en vista de la nueva normativa procedimental (leyes 39/2015 y 40/2015), a la luz de las cuales ha de interpretarse la Ley Orgánica 4/2010. Este análisis ha sido ilustrado por numerosas resoluciones judiciales: principalmente del Tribunal Constitucional y del Supremo, en el caso de los principios del derecho administrativo sancionador y de otras cuestiones que inspiran la normativa disciplinaria, como son las relaciones de especial sujeción o el uso de la deontología. A la hora de analizar el procedimiento, infracciones y sanciones, sin embargo, se han empleado en su mayoría resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia, al ser éstos los que más habitualmente entienden de los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de la Dirección General de la Policía. Así, se han empleado la totalidad de las obrantes en el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial, que entienden de la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo. En aquello a lo que no alcanzan estas resoluciones, se han empleado otras que entienden de recursos contencioso-administrativos en el ámbito del derecho disciplinario de la Guardia Civil, del propio de los funcionarios de la Administración General del Estado, así como del derogado Real Decreto 884/1989, que desarrollaba la anterior (y ya derogada) normativa disciplinaria del Cuerpo Nacional de Policía. El resultado del trabajo arroja unos resultados que van de la mano con la amplitud de su ámbito de aplicación. La enorme diversidad de comportamientos que se pretende regular redunda en un uso continuo de técnicas administrativas como los conceptos jurídicos indeterminados, que permiten aplicar cada infracción a diversas conductas muy diferentes (siempre que guarden una relación entre ellas) al precio de una reducción de la seguridad jurídica. Los bienes jurídicos protegidos suelen ser de particular importancia, pero algunas faltas disciplinarias parecen ser capaces de albergar casi cualquier comportamiento. El análisis del procedimiento muestra importantes lagunas jurídicas y evidentes contradicciones, como el defectuoso régimen de la prueba o la casi inexistente regulación del procedimiento por faltas leves. Asimismo, se proponen diversas formas de solventar estas deficiencias, de manera que se asegure tanto el objetivo de esta norma como la seguridad jurídica y los derechos de los expedientados. Por otra parte, sería necesario un estudio más extenso de la extensa normativa estatutaria del Cuerpo Nacional de Policía. Aunque algunos autores han realizado análisis de ciertas materias, no son tan detallados, o tan actuales, como sería deseable. Y, por supuesto, adaptar la investigación realizada a las peculiaridades de las Policías Locales, de manera que su utilidad no se limite a un único colectivo cuando son una pluralidad los afectados.